Cuestionan el Estudio de Impacto Ambiental para la hidroeléctrica de Inambari

Ambientalistas sostienen que según el estándar internacional un estudio serio cuesta alrededor de 2 a 3 millones de dólares, pero en el caso de dicha hidroeléctrica habría costado solo alrededor de US$ 100,000.

El proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari y en general, los cinco megaproyectos hidroeléctricos que el gobierno tiene planeado desarrollar con empresas brasileñas, así como el Acuerdo de Integración Energética entre Perú y Brasil, el cual será el marco legal para estos proyectos, sigue ocasionando rechazo entre representantes de la sociedad civil.

Ayer, organizaciones no gubernamentales (ONG), que defienden el medio ambiente y los derechos de los pobladores de las zonas afectadas por este tipo de proyectos, expresaron su preocupación por el proyecto de texto final de dicho tratado, el cual fue remitido por la Cancillería peruana al Gobierno brasileño el 17 de de febrero pasado.

“El inminente ‘Acuerdo para el suministro de Electricidad al Perú y exportación de excedentes a Brasil´ que suscribirá próximamente (el gobierno ha prorrogado su firma hasta fines de junio próximo) nos genera serias preocupaciones económicas, sociales y ambientales, que alimentarían los conflictos en nuestra economía”, advierten, en alusión a los efectos que causará la gran inundación de la represa Inambari, tanto en el medio ambiente como en la población y en la carretera Transoceánica Sur, “sin haber definido antes nuestra prioridades nacionales”.

“Estamos a favor del desarrollo y de la integración con Brasil, con equidad y reciprocidad, por ellos este acuerdo debe asegurar los mayores beneficios para el Perú en lugar de concentrar costos y riesgos en nuestro territorio”, precisan.

En tal Sentido, Mariano Castro, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, informo que el próximo 6 de abril tendrán una reunión con el viceministro de Energía, Daniel Camac, a fin de tratar estos temas y buscar mejorar el Acuerdo.

Castro sostuvo que estas ONG no pretenden que la amazonía peruana sea un parque de diversiones tipo Disneylandia pero “tampoco que se convierta en un Itaipú II”) megahidroeléctrica en la frontera Paraguay-Brasil construida a partir de acuerdo binacional entre ambos países).

En cuanto al estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Inambari, Castro afirmó que los términos de referencia no se hicieron públicos oportunamente. Además, el contenido de estos es bastante limitado.

En otro momento de la reunión se señalo que, además, el EIA de Inambari solo habría medido el impacto de la represa ría arriba, dejando sin evaluar el impacto río abajo. Incluso el EIA se habría circunscrito solo a los alrededores de la represa misma.

También participaron César gamboa, presidente de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales; Jorge Callaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Martín Alcalde, director ejecutivo de pro Naturaleza, y Ernesto Ráez, director de Ciencia y Desarrollo.

Se requiere planificación

Segú el plan oficial de proyectos para los próximos años, existen 52 proyectos hidroeléctricos, de los cuales 26 están en la cuenca amazónica. Además de ellos, existen 56 lotes petroleros, cerca de 5 mil centros mineros, unas 200 mil hectáreas para la producción de biocombustibles y alrededor de 5000 carreteras nuevas, refiere Mariano Castro. Todo esto va a impactar en la amazonía en los próximos años de una manera sin precedentes en la historia peruana. Obviamente estos proyectos se deben hacer para desarrollar el espacio amazónico pero lo que preocupa es la ausencia de planificación estratégica, acotó.

Cifras & Datos

• En opinión de José Serra, si este año (como parece será) se tuviera que definir cuanto de la potencia de energía que genere Inambari se quedaría en el Perú y cuanto se exportaría a Brasil, el 95% se iría a Brasil, dada la poca demanda nacional.
• Refiere que Brasil necesitará en los próximos 10 años una capacidad adicional de 50,000 megavatios (10 veces la actual capacidad instalada en el Perú).
• El EIA de Inambari debe ser presentado antes del 18 de junio cuando vence la concesión temporal, al menos que esta se prorrogue. Por cuanto no hay una solicitud del concesionario al respecto.

La pobreza en el Perú se podría reducir hasta 31% en el 2011

La Corporación Andina de Fomento (CAF) estimó que la pobreza en el Perú podría reducirse a cerca de 31% en el 2011, aunque para ello se requiere que la economía peruana crezca en promedio 6% durante los próximos años.

Indicó que dicha caída en la pobreza estará en línea con la meta del actual gobierno del presidente Alan García de terminar su gestión con una pobreza del 30% en el país, según consigna la agencia Andina.

“Pero aún se requiere por parte del gobierno una política social integral, dado que los esfuerzos aislados que vienen realizando hasta el momento corren el riesgo de no cumplir sus objetivos”, planteó en su Reporte Económico Semestral.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en Perú durante 2007 disminuyó en 5.2% respecto al 2006 y pasó de 44.5% al 39.3%.

La CAF añade que el último informe de UNICEF sobre el “Estado Mundial de la Infancia 2009” revela un progreso heterogéneo de la política social en el Perú.

Menciona que el Perú ha logrado importantes avances en la reducción de la tasa de mortalidad infantil (menores de un año), ya que de 58 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 1990 pasó a sólo 17 en 2007.

En el caso de niños menores de cinco años de 78 a 20 muertes, es decir, una reducción de 74%, lo que es considerada la mejora más notable registrada en toda América Latina y el Caribe.

Sin embargo, en casos de la salud materna el éxito alcanzado ha sido menor, ya que el índice de mortalidad materna de 240 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos en 2005, se sitúa entre los más elevados de la región y el riesgo de morir por razones derivadas de la maternidad de una por cada 140 mujeres es el doble de la región.

Explicó que la diversidad de grados de avance y retraso de la política social en el Perú puede ser atribuida a varios factores, entre los cuales destacan, por un lado que la multiplicidad de esfuerzos no se coordina entre sí, impidiendo la ejecución de una política social integral.

Un segundo factor es la existencia de varios sistemas de focalización y citó como ejemplo que el programa Juntos que tiene focalización rural, el Sistema de Focalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que es urbano y el del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) que es geográfico.

“A pesar de que existe consenso en que se debería crear un sistema nacional de focalización y de registro único de beneficiarios, entre otras cosas para reducir y/o eliminar la alta filtración en diversos programas, tales como el programa del Vaso de Leche o Juntos; la falta de coordinación entre los diferentes ministerios involucrados no permite que se avance en este sentido”, manifestó.

Para la CAF resulta preocupante que a la mitad del actual gobierno, la política social aún no se perciba como adecuada.

“Al evaluar el carácter multidimensional de la pobreza se aprecian avances muy heterogéneos en una serie de variables socioeconómicas vinculadas a ella”, subrayó.